El 13 de diciembre de 2006 se aprobó en Nueva York la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención fue firmada y ratificada por España, formando así parte del ordenamiento jurídico español desde el 3 de mayo de 2008. Y eso significa que nos podemos hacer valer de ella para defender nuestros derechos.

La Convención sobre las Personas con Discapacidad, vino reconocer:

• La necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso.
• La necesidad de garantizar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades fundamentales, de forma plena y sin discriminación.
• La importancia de la autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, para las personas con discapacidad.
• El derecho a la oportunidad de participar activamente en los procesos de decisión política.
• La importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y a la educación y a la información y las comunicaciones.
• La necesidad de protección de las mujeres y niñas por exposición a un mayor riesgo de violencia o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación.
• La necesidad de protección de los niños y las niñas con discapacidad.

La Convención reconoce y garantiza los derechos fundamentales, tales como:

• El respeto de la dignidad, la autonomía individual, libertad de tomar sus propias decisiones, y la independencia personal.
• La no discriminación.
• La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
• El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
• La igualdad de oportunidades.
• La accesibilidad (en todos los entornos de la vida).
• La igualdad de género.
• El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

De la Convención ha surgido la obligación por parte de los Estados Partes a promover y crear las condiciones de cumplimiento de todos esos derechos. Además, abrió paso a que los Países creasen nuevas leyes en su conformidad, como el Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social o la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

¡Por todo eso celebramos el 15º aniversario de su creación!