ASPACE MADRID denuncia la situación familiar de Lola y cientos de familias que se sienten desamparadas ante la crisis económica que se avecina por falta de reformas legislativas.
La Covid-19 está poniendo en jaque a la sociedad tal y como la entendemos y desgraciadamente abrirá una brecha entre las familias, marcando aún más las desigualdades existentes.
Esta falta de empatía, compromiso político y voluntad de cambio se hace especialmente visible en el Real Decreto 1148/2011 que recoge la Prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME).
Este Real Decreto protege la conciliación laboral y familiar de ambos progenitores, dando la posibilidad de una reducción de jornada laboral de entre el 50% y el 99% a uno de los progenitores, sin embargo, en su redacción sólo recoge esta reducción de jornada y la consiguiente prestación por hijo a cargo en 106 supuestos de enfermedades graves y hasta el cumplimiento de la mayoría de edad del menor.
Pero en familias como la de Lola, donde ambos progenitores trabajan o trabajaban y con un hijo, Luis, con una parálisis cerebral asociada a múltiples patologías y una discapacidad reconocida del 93%, esa “grave enfermedad” no ha desaparecido en el 18 cumpleaños del menor, sino que se ha agravado y más tras la aparición del coronavirus.
La dedicación que requiere Luis es tan alta que inevitablemente impacta en la situación laboral de Lola y su marido. Numerosas citas médicas, visita a especialistas, tratamientos rehabilitadores y una salud delicada que desemboca en enfermedades más comunes, como gripe, resfriados, etc. Unos cuidados que son incompatibles con una jornada laboral de 40 horas semanales y que acaba con la paciencia de cualquier empresa por muy empática que sea.
El caso de Lola no es un caso aislado, numerosas familias han visto cómo durante estos días la prestación se extinguía al cumplir el menor los 18 años y no han tenido más opción -su única opción-, que seguir haciendo lo que hacían hasta ese momento, que es cuidar a su hijo, al no poder compatibilizarlo con el trabajo, perdiendo así la prestación y el trabajo.
Luis tiene 20 años y sus padres llevan 2 luchando en los tribunales contra la Mutua, ya que es la que se tiene que hacer cargo de esta prestación. “Desde el primer momento, nuestra empresa se mostró muy colaboradora, nos facilitaron todos los trámites e incluso han respetado la reducción de jornada que en nuestro caso fue del 50%. Sin embargo, la Mutua siempre quiso ponérnoslo difícil. Nos solicitaban 1001 papeles, informes médicos cada dos meses sobre la situación de nuestro hijo, sin querer aceptar que la situación de Luis nunca va a mejorar por desgracia”, cuenta Lola.
Ante esta situación, desde ASPACE Madrid no queremos que más familias tengan que pasar por este calvario burocrático constante, consideramos que ya bastantes dificultades tienen en su día a día como para seguir poniendo “piedras” en su camino.
Por eso, pedimos a los Organismos Oficiales correspondientes un compromiso para modificar la redacción del Real Decreto, de tal manera que incluya a las familias con menores y adultos a cargo con discapacidad y grandes necesidades de apoyo y que dicha prestación se tenga en cuenta en los próximos Presupuestos Generales del Estado o desarrollos normativos correspondientes.
Lola Camacho ha participado en el programa de radio «Buena gente» de Radio YA. Escucha su entrevista:
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